Aragón concentra más de nueve millones de cabezas de ganado porcino, consolidándose como la comunidad autónoma líder en España en este sector. Solo en Huesca se ubica el 14.6% de la capacidad porcina nacional, con casi cinco millones de animales. Pese a esta saturación productiva, continúan emergiendo nuevos proyectos en la región, entre ellos dos macrogranjas de lechones proyectadas en el municipio de Fraga, separadas apenas cuatro kilómetros entre sí, cuya arquitectura jurídica ha encendido las alarmas de organizaciones ambientales y expertos en regulación sectorial.
Según ha denunciado la organización Stop Ganadería Industrial, la empresa promotora registró ambas instalaciones como proyectos independientes, cada una con capacidad para 18,000 lechones, manteniéndose deliberadamente por debajo del umbral de 361 unidades de ganado mayor (UGM) —equivalentes a 18,050 lechones— que obliga a obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI) bajo la legislación aragonesa. En conjunto, las dos granjas sumarían 720 UGM y 36,000 animales, pero al tramitarse por separado, acceden únicamente a la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada (LAAC), un procedimiento administrativo más ágil y con controles sustancialmente menores que los exigidos por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Toni Jorge, coportavoz de Stop Ganadería Industrial, calificó la situación como 'una barbaridad' y advirtió que este patrón de fraccionamiento de proyectos es recurrente en la región, diseñado para eludir evaluaciones ambientales exhaustivas y facilitar futuras ampliaciones sin escrutinio adicional.
Desde una perspectiva de impacto ambiental cuantificable, la documentación técnica de los proyectos revela cifras que ilustran la escala del problema. Ambas granjas consumirían conjuntamente más de 41 millones de litros de agua al año —equivalente a 16 piscinas olímpicas—, provenientes de una red de riego local cuya concesión aún está en trámite. Paralelamente, se proyecta una generación anual de 14,760 metros cúbicos de purines, casi seis piscinas olímpicas, con una carga de nitrógeno de 42,840 kilos. Este volumen de residuos orgánicos plantea riesgos concretos de contaminación de acuíferos por nitratos, un fenómeno que estudios científicos han vinculado directamente con la concentración de ganadería industrial en zonas con escasa capacidad de absorción hídrica. Para los estrategas del sector agroalimentario y los reguladores, el caso de Fraga expone una brecha normativa estructural: mientras la legislación fija umbrales por instalación individual, la proliferación de proyectos fragmentados en un mismo territorio genera impactos acumulativos que ningún instrumento de control evalúa de forma integrada.
