Honduras avanza hacia el cierre de su programa económico vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, de manera simultánea, prepara el terreno para un nuevo acuerdo que definiría la política fiscal del país durante los próximos tres años y medio. Una misión del organismo multilateral llegará al país entre finales de octubre y la primera semana de noviembre de 2026 para realizar la sexta revisión del programa actual, aprobado originalmente por aproximadamente 847 millones de dólares, según confirmó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, tras reunirse con Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Más allá de la revisión técnica, el encuentro abrió formalmente las conversaciones sobre un nuevo esquema de cooperación económica. El Ejecutivo hondureño busca que este nuevo programa refleje su propia visión de política económica, diferenciándose del acuerdo anterior, que fue diseñado para abarcar dos administraciones con orientaciones ideológicas distintas. El planteamiento del Gobierno se articula en torno a dos ejes: el fomento del crecimiento económico y la aplicación rigurosa de la Ley de Responsabilidad Fiscal, marco normativo que establece directrices para la gestión de las finanzas públicas y busca prevenir desequilibrios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país.
Según información publicada por Entorno, el FMI emitió una valoración positiva sobre algunas de las medidas económicas implementadas por la administración actual, lo que fortalece la posición negociadora del Gobierno de cara al nuevo acuerdo. Para los estrategas y analistas de política fiscal en la región, este proceso ilustra una tendencia más amplia: los gobiernos latinoamericanos buscan cada vez más personalizar los marcos de cooperación con organismos multilaterales, alejándose de los programas heredados y apostando por acuerdos que reflejen agendas propias de desarrollo. La negociación que se avecina en Honduras será un indicador relevante de hasta qué punto el FMI está dispuesto a flexibilizar sus esquemas ante administraciones con prioridades económicas diferenciadas.
