Auditorías internas en organismos públicos pueden revelar esquemas de fraude sofisticados que operan en los puntos ciegos de los sistemas de control. Ese es el escenario que emerge de una investigación presentada ante la Justicia Federal argentina, en la que se identificaron 645 acreditaciones indebidas de haberes por un total de $981,148,567.88, distribuidas entre julio de 2022 y enero de 2026. El caso involucra inicialmente a 23 personas —entre personal uniformado y civil— y podría extenderse a cerca de 50 investigados conforme avanza la indagatoria.

La maniobra operaba en un tramo crítico del circuito de pagos: una vez completados los controles rutinarios sobre la liquidación de haberes, ciertos registros eran alterados para incrementar importes o incluir pagos sin respaldo legítimo. Tras elaborar los archivos para la acreditación bancaria, los registros eran revertidos a sus valores originales, lo que impedía que las modificaciones quedaran visibles en los recibos publicados en el sistema de consulta en línea. La detección ocurrió en febrero de 2026, durante la revisión de haberes de enero, cuando cinco agentes del área de revista cobraron suplementos no autorizados y los devolvieron. Esa anomalía desencadenó una auditoría retrospectiva que cotejó, mes a mes e individualmente, los datos de los sistemas de haberes con las acreditaciones bancarias efectivas.

Para los estrategas de gobierno corporativo y los responsables de control interno en organizaciones complejas, el caso ilustra una vulnerabilidad estructural: los esquemas de fraude más persistentes no atacan los sistemas de registro, sino los procesos de transmisión entre sistemas. La comisión investigadora —integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos— preservó los dispositivos utilizados para preparar y transmitir los archivos de pago, un paso forense que permitió reconstruir la cadena de alteraciones. Según reportes de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el fraude en nóminas representa una de las categorías de mayor impacto económico en organizaciones públicas a nivel global, con una duración media de detección superior a los 18 meses. En este caso, el esquema operó durante aproximadamente 42 meses antes de ser identificado, lo que subraya la necesidad de controles cruzados automatizados que operen de forma independiente a los sistemas de liquidación.