Refinanciamiento masivo de deuda: cómo el sistema bancario enfrenta la mora sin intervención estatal
Acuerdos directos entre bancos y deudores se han convertido en el principal mecanismo de contención ante una morosidad que, en el segmento de personas físicas, alcanza casi el 13% en el sistema financiero argentino. Sin intervención regulatoria directa ni programas de alivio estatales, las entidades han optado por esquemas de refinanciación propios que incluyen tasas reducidas, plazos extendidos y cuotas ajustadas a la capacidad de pago real de los clientes. Según datos presentados por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, el ritmo de estas renegociaciones se ubica actualmente en 115,000 operaciones por mes, una señal de que el problema es de escala sistémica y no marginal.
La magnitud del fenómeno queda en evidencia al revisar los números de las principales entidades. La banca pública lideró la respuesta: una de las instituciones de mayor alcance territorial refinanció cerca de 128,000 operaciones para más de 110,000 clientes, con un volumen que supera los $582,000 millones. Otra entidad provincial superó las 120,000 operaciones por $477,000 millones, con el 96% correspondiente a personas físicas. En el segmento privado, un banco de capital nacional reportó más de 62,500 refinanciaciones y 110,000 reestructuraciones, mientras que una entidad internacional estimó haber acordado planes con 150,000 clientes desde enero de 2025, por un monto superior al billón de pesos. Estos volúmenes revelan que la estrategia no es reactiva sino estructurada, con equipos dedicados a contactar proactivamente a la cartera en mora.
Para los estrategas del sector financiero y los analistas de riesgo crediticio, este episodio plantea preguntas de fondo sobre la sostenibilidad del modelo. La ausencia de demanda de nuevos créditos —otro indicador de tensión en el ciclo económico— limita la capacidad de los bancos de compensar con volumen lo que pierden en calidad de cartera. Las autoridades han sido explícitas en señalar que la normalización será gradual y que no se implementarán medidas que distorsionen las métricas reales de morosidad. Esa postura, aunque técnicamente correcta, traslada el peso del ajuste a las propias instituciones financieras y, en última instancia, a los deudores que deben renegociar condiciones en un entorno de alta inflación y contracción del ingreso real. La pregunta relevante para los próximos trimestres es si el ritmo de refinanciación actual es suficiente para estabilizar la cartera vencida o si anticipa una segunda ronda de tensión crediticia.
