Peritaje de billeteras virtuales en una causa judicial marca un precedente en criptoforense
Procedimientos de criptoforense que hasta hace poco eran exclusivos de agencias regulatorias internacionales como el IRS Criminal Investigation o Europol comienzan a replicarse en tribunales latinoamericanos. En Argentina, una causa judicial que involucra ocho billeteras de bitcoin y más de 591,000 dólares en criptomonedas puso en marcha un peritaje técnico de alto nivel en la fiscalía federal de Comodoro Py, donde se aplicó el mecanismo conocido como 'mensaje desafío': una prueba criptográfica que permite verificar el control de una dirección blockchain sin revelar la llave privada ni habilitar transferencias de fondos.
El procedimiento consistió en generar un texto único por cada dirección y solicitar su firma con la llave privada correspondiente, almacenada en un sobre cerrado y lacrado. Las firmas resultantes serán verificadas por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que deberá contrastar el mensaje desafío, la firma digital y la dirección pública de cada billetera. Si el sistema valida la firma, se confirma la correspondencia criptográfica sin exposición de claves. Este estándar de custodia de evidencia digital —con pendrives sellados, actas firmadas por todas las partes y grabaciones incorporadas al expediente— refleja una maduración incipiente pero significativa en la gestión judicial de activos virtuales en la región.
Más allá del caso concreto, el alcance del informe técnico solicitado a los peritos revela la complejidad regulatoria que enfrentan los sistemas judiciales ante activos digitales generados en períodos previos a cualquier marco normativo. Los especialistas deberán determinar si las billeteras eran de custodia o autocustodia, analizar el alcance de la Resolución UIF 300/2014, establecer los plazos de conservación de registros vigentes entre 2014 y 2018, y evaluar si era técnicamente viable generar y conservar claves privadas en soportes no electrónicos —como las denominadas 'paper wallets'— sin dejar rastros digitales. Según datos del Foro Económico Mundial, más del 40% de los países del G20 aún carece de marcos legales claros para la admisibilidad de evidencia blockchain en procesos judiciales, lo que convierte a casos como este en referentes para la construcción de jurisprudencia en economías emergentes.
