Adjudicaciones directas en salud pública: cuando las licitaciones quedan desiertas
Contratos por casi dos mil millones de pesos en servicios de salud institucional fueron adjudicados de forma directa a una sola empresa en un lapso de apenas dos días, tras la declaración de desierto de las licitaciones correspondientes. Este fenómeno ilustra una dinámica recurrente en las compras públicas del sector salud en México: procesos competitivos que no logran consolidarse, resultando en asignaciones directas que concentran el gasto en un número reducido de proveedores.
Registros de contratos públicos indican que la empresa adjudicataria había participado previamente en las mismas licitaciones sin obtener contratos significativos, alcanzando apenas 50.8 millones de pesos en servicios de medicina general. En una convocatoria anterior, sus propuestas no prosperaron debido a una insuficiente solvencia técnica. Sin embargo, semanas después, tras la declaratoria de desierto de casi todas las partidas, la misma empresa fue seleccionada para un amplio portafolio de servicios que incluye urgencias, hospitalización, laboratorio, radiología, especialidades y hemodiálisis, con vigencia hasta 2027. Esta transición de oferente marginal a proveedor principal por vía directa es un patrón que organismos como la OCDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado como un factor de riesgo en la integridad de las adquisiciones gubernamentales.
Adicionalmente, se otorgaron contratos directos por cerca de mil 794 millones de pesos para el suministro de medicamentos, también bajo el argumento de la ausencia de proveedores en licitación. Este escenario plantea preguntas estructurales para los estrategas del sector salud y analistas de política pública: ¿qué barreras están impidiendo que más empresas participen en licitaciones de esta magnitud? ¿Los requisitos técnicos y financieros están diseñados para fomentar una competencia real o, por el contrario, la desincentivan? La respuesta a estas preguntas es crucial para la sostenibilidad del gasto en salud institucional y para la calidad del servicio que reciben los derechohabientes.
