Estado de derecho empresarial en México: rezago en seguridad frena competitividad regional

Condiciones adversas de seguridad y estabilidad política colocan a México en una posición desfavorable frente a economías con las que compite por inversión y manufactura global. Según un análisis reciente que evalúa el Estado de derecho para hacer negocios en 149 economías —con base en cinco pilares: transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso— México acumula 43.5 puntos totales y ocupa el lugar 91 del ranking. Su calificación más baja corresponde al pilar de estabilidad, con apenas 24.7 puntos, un retroceso frente a los 27.5 registrados en 2021. En ese mismo indicador, Guatemala obtiene 31.8 puntos y Honduras 33.1, superando a México por 7.1 y 8.4 puntos respectivamente.

Para el C-Level mexicano, las implicaciones son directas y cuantificables. El componente de control del crimen mide la capacidad de las empresas para operar sin riesgos de violencia o interferencias ilegales, factores que impactan la seguridad del personal, la integridad de instalaciones y la cadena de suministro. La estabilidad política, por su parte, evalúa el riesgo de conflictos civiles o cambios abruptos de gobierno que erosionen la confianza inversora. En ambas dimensiones, México se ubica en un rango comparable a Bolivia (25.6 puntos) y Burkina Faso (24.3), aunque el estudio advierte que puntuaciones similares no implican contextos idénticos. La brecha con los socios del T-MEC es particularmente significativa: Canadá alcanza 81.3 puntos en estabilidad y Estados Unidos 63.5, mientras que economías manufactureras competidoras como Vietnam registran 62.8 y China 50.9.

México supera a varios países latinoamericanos en los pilares de transparencia y previsibilidad, lo que indica que el marco normativo formal no es el problema central. Sin embargo, ese desempeño relativo no compensa el déficit en seguridad operativa. Para los tomadores de decisiones corporativas y los equipos de gestión de riesgo, este diagnóstico sugiere que las estrategias de expansión, relocalización o nearshoring deben incorporar con mayor rigor variables de seguridad territorial y continuidad operativa. Economías como Chile (75.1 puntos totales), Colombia (55.1) y Brasil (55.0) ya ofrecen entornos más competitivos en este rubro, lo que intensifica la presión sobre México para cerrar brechas estructurales si aspira a consolidar su posición como destino prioritario de inversión en la región.