Demandas colectivas por abuso laboral ponen a prueba los límites del trabajo temporal en EE.UU.
Trabajadores hispanos empleados en un centro de distribución de alimentos en Newark, Nueva Jersey, presentaron una demanda colectiva que detalla condiciones laborales que incluyen maltrato físico, acoso sexual, discriminación racial y restricción sistemática del acceso al baño. Las alegaciones, que involucran tanto a la empresa operadora como a tres agencias de personal temporal, fueron ampliadas en una queja enmendada que un juez estatal de Nueva Jersey revisó en audiencia programada para octubre de 2024.
Entre los testimonios más graves destaca el de un exempleado que trabajó en la instalación entre noviembre de 2021 y agosto de 2023, quien relató que los trabajadores hispanos debían registrarse en un sistema para poder ir al baño, mientras que la gerencia cronometraba el tiempo que permanecían en él. "Hubo muchas veces que tuve que aguantar por horas porque anotaban la hora en la que entrabas", declaró el denunciante, quien posteriormente requirió atención urológica. La demanda sostiene que esta política se aplicaba de forma diferenciada: los empleados no hispanos accedían libremente a los sanitarios, mientras los trabajadores temporales debían además cubrir las líneas de producción durante los descansos de los empleados directos. Se reporta también que un gerente amenazó a trabajadores con un bate de béisbol para limitar su tiempo fuera de la línea de producción.
El caso expone tensiones estructurales que van más allá de una empresa en particular. Según datos del Economic Policy Institute, los trabajadores contratados a través de agencias de staffing tienen entre 36% y 72% más probabilidades de sufrir lesiones laborales que los empleados directos, en parte porque la responsabilidad legal se diluye entre múltiples actores. Este modelo —en el que la empresa operadora externaliza tanto la contratación como la gestión de riesgos— está bajo escrutinio creciente en Estados Unidos, la Unión Europea y, de forma incipiente, en México, donde la reforma laboral de 2021 ya restringió el outsourcing en sectores clave. Para estrategas corporativos y directivos de operaciones en América Latina, el desenlace de este litigio puede anticipar el tipo de estándares de debida diligencia que los mercados y los reguladores comenzarán a exigir en la cadena de suministro de mano de obra temporal durante los próximos años.
