Tasa de usura y acceso al crédito: el debate que redefine la banca para millones
Con 17.8 millones de tarjetas de crédito en circulación —15.7 millones activas— Colombia enfrenta una tensión estructural entre protección al consumidor y acceso financiero real. La Superintendencia Financiera ha establecido un nuevo límite de 28.59% efectivo anual (E.A.) para créditos de consumo y ordinarios, con entrada en vigor prevista para octubre de 2026. La medida, que define el techo legal de intereses que las entidades financieras pueden cobrar, ha reavivado un debate de fondo: ¿los topes de usura amplían o restringen el acceso al crédito para los segmentos más vulnerables?
Desde el sector microfinanciero, la postura es que la discusión no debe reducirse a mantener o eliminar el tope vigente. Voces especializadas en el ecosistema de microfinanzas señalan que el esquema actual requiere correcciones focalizadas que promuevan la competencia y contemplen modelos de atención presenciales, digitales e híbridos. El argumento central es que modificar únicamente el límite de interés no elimina las barreras estructurales que marginan a amplios segmentos de la población: informalidad laboral, dificultad para acreditar ingresos, ausencia de garantías, baja educación financiera y brechas de conectividad. Según este enfoque, una política efectiva de inclusión financiera debe combinar acceso al crédito con garantías, formación financiera y procesos de formalización que permitan a los micronegocios crecer de manera sostenida.
En el extremo opuesto del debate, referentes del sector fintech argumentan que los topes de interés generan un efecto de exclusión paradójico: al limitar el margen de riesgo que las instituciones pueden asumir, desincentivan el otorgamiento de crédito a personas sin historial financiero consolidado. Un estudio citado en el debate indica que más del 65% de los adultos en Colombia carece de crédito formal, lo que los empuja hacia mercados informales con tasas significativamente más altas y sin protección regulatoria. La propuesta alternativa plantea eliminar el tope de intereses bajo condiciones estrictas de transparencia y comparabilidad de ofertas, con mecanismos que prevengan abusos. Para estrategas del sector financiero y reguladores, el dilema es claro: cualquier ajuste a la arquitectura de tasas tendrá efectos asimétricos según el segmento de usuario, y las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán el perfil de inclusión financiera de Colombia para la siguiente década.
