Concesión de estadio público en Bogotá enfrenta cuestionamientos por pagos y modificaciones contractuales
Cuestionamientos sobre la transparencia en contratos de Asociación Público Privada (APP) vuelven a poner bajo escrutinio la gestión de infraestructura deportiva en Bogotá. Un concejal de la ciudad presentó ante organismos de control tres señalamientos concretos sobre la concesión del principal estadio distrital, operada bajo el esquema de APP: un presunto pago irregular de 26.101 millones de pesos al originador del proyecto, una modificación de cláusulas contractuales que habría alterado las condiciones originales de adjudicación, y un otrosí firmado en 2025 que amplió los plazos de ejecución sin que, según el legislador, se justificara adecuadamente el cambio.
En el centro del debate está la interpretación de la Ley 1508 de 2012, que regula las APP en Colombia. Según esta norma, los costos de estructuración solo pueden reconocerse al originador cuando un tercero resulta adjudicatario. El concejal argumenta que la minuta original del contrato recogía ese principio, pero que una modificación posterior permitió el pago a la sociedad que, paradójicamente, ganó la licitación. A esto se suma el otrosí de julio de 2025, que extendió la etapa de preconstrucción de 12 a 16 meses, la de construcción de 42 a 44 meses, y el plazo para acreditar el cierre financiero de 360 días a 15,5 meses, además de autorizar la explotación del estadio existente durante las obras. Para el legislador, estos ajustes acumulados podrían alterar la naturaleza original del contrato, un umbral que en materia de APP tiene implicaciones jurídicas relevantes.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte respondió que ningún recurso público fue utilizado para cubrir los costos cuestionados, que la responsabilidad del pago recayó exclusivamente en el concesionario privado, y que los montos asociados fueron validados desde 2023, antes de la adjudicación formal. La entidad también señaló haber entregado explicaciones y soportes contractuales a la Contraloría de Bogotá en febrero de 2025. El caso ilustra una tensión estructural presente en los modelos de concesión de infraestructura pública en América Latina: la necesidad de atraer capital privado con esquemas flexibles, frente a la exigencia ciudadana e institucional de que cada modificación contractual sea trazable, justificada y sometida a escrutinio independiente. Para los estrategas de política pública y los operadores de infraestructura, el desenlace de este proceso será un referente sobre los límites de la renegociación en contratos APP de largo plazo.
