Vivienda digna como política pública: créditos y escrituras para sectores excluidos del sistema financiero
Más de 11,000 personas en la Ciudad de México recibieron acciones de vivienda en el marco de un programa gubernamental que combina créditos para mejoramiento habitacional con regularización jurídica de propiedades. Con una inversión superior a los 521 millones de pesos, el esquema busca atender a segmentos de la población que históricamente han quedado fuera del sistema de crédito convencional, incluyendo trabajadores informales, adultos mayores y mujeres jefas de familia.
De las 3,317 acciones entregadas, 2,381 corresponden a créditos para mejoramiento de vivienda por un monto de 346 millones de pesos, mientras que más de 300 escrituras públicas fueron otorgadas para garantizar certeza jurídica a los beneficiarios. Este enfoque dual —financiamiento más regularización patrimonial— responde a una realidad documentada por organismos como ONU-Hábitat: en América Latina, entre el 30 y el 50 por ciento de los asentamientos urbanos operan en condiciones de informalidad jurídica, lo que limita el acceso al crédito, perpetúa la vulnerabilidad ante el despojo y frena la acumulación de patrimonio familiar. La regularización de la propiedad, en ese sentido, no es solo un trámite administrativo, sino un instrumento de política económica con impacto directo en la movilidad social.
Según datos de la Secretaría de Vivienda local, el 63 por ciento de los créditos autorizados durante 2026 se destinan a mujeres jefas de familia con menores ingresos, lo que posiciona al programa dentro de una tendencia más amplia de financiamiento habitacional con perspectiva de género. Para finales de ese año, la meta es alcanzar 20,000 créditos y 10,000 escrituras, con una inversión acumulada que ya supera los 2,533 millones de pesos. Para los estrategas de política pública y los actores del sector inmobiliario y financiero, este tipo de iniciativas señala un modelo híbrido —Estado como financiador de último recurso combinado con formalización jurídica masiva— que podría replicarse en otras metrópolis latinoamericanas con alta informalidad urbana.
