Irregularidades financieras en cooperativa de salud revelan opacidad en manejo de recursos corporativos
Gastos realizados con tarjetas corporativas en establecimientos nocturnos, retiros masivos de efectivo sin respaldo documental y anticipos contractuales sin evidencia de ejecución: ese es el panorama que emerge de las auditorías practicadas a las empresas vinculadas a una cooperativa del sector salud colombiano, cuya administración fue objeto de intervención por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Según los extractos bancarios correspondientes al año 2025, se registraron consumos por 5 millones de pesos en un casino de Cartagena y desembolsos adicionales por 800,000 pesos en un local nocturno, sumando 5.8 millones en transacciones sin justificación clara. A esto se suman 42 retiros en efectivo realizados entre agosto y diciembre de ese año desde las cuentas de una empresa de confección vinculada al grupo cooperativo, por un total de 56.7 millones de pesos. En conjunto, las operaciones observadas sin documentación de soporte alcanzan los 62.5 millones de pesos. Las auditorías también detectaron irregularidades en una filial dedicada al mantenimiento de inmuebles, donde se identificaron anticipos contractuales por cerca de 399.7 millones de pesos —incluyendo 100 millones entregados aparentemente en efectivo— sin respaldo que acredite el avance o conclusión de las obras contratadas.
Más allá de las cifras puntuales, el caso ilustra un problema estructural que organismos como el Banco Mundial y la OCDE han documentado en entidades del sector solidario latinoamericano: la ausencia de controles internos robustos en conglomerados cooperativos que combinan actividades de salud con operaciones comerciales diversificadas. Cuando una misma estructura corporativa agrupa una EPS, una empresa de uniformes y una firma de mantenimiento, los riesgos de contaminación entre flujos de recursos públicos y privados se multiplican. El informe contable reveló además 26 embargos judiciales contra la entidad por un valor acumulado de 16,272 millones de pesos, y desajustes de 7,479 millones entre extractos bancarios y balances contables, señales que los auditores forenses suelen asociar con debilidades sistémicas en la gestión financiera. Para los estrategas del sector y los organismos de supervisión, el caso plantea una pregunta de fondo: ¿son suficientes los esquemas actuales de auditoría para detectar oportunamente este tipo de irregularidades en entidades que administran recursos de salud pública?
