Cooperación público-privada en seguridad urbana: un modelo que vincula orden y desarrollo económico
Rosario, una de las ciudades argentinas más afectadas por la violencia urbana en la última década, atraviesa un proceso de reconfiguración de su modelo de seguridad que está siendo observado con atención por otras regiones del país. La iniciativa articula al gobierno provincial, la administración municipal, universidades, organizaciones sociales y empresas privadas bajo una agenda de largo plazo proyectada hasta 2036, con el respaldo institucional de la Bolsa de Comercio local.
Entre los indicadores más significativos del proceso figura la desarticulación de más de 80 puntos de venta de droga entre finales de 2022 y mediados de 2026, lo que se correlaciona con una reducción del 70% en los índices de violencia respecto al pico más crítico de la crisis. En paralelo, la ciudad registró 2.4 millones de visitantes en 2025, una cifra récord que los analistas vinculan directamente con la mejora en la percepción de seguridad y su impacto sobre la movilidad urbana y la actividad turística. Uno de los instrumentos tecnológicos centrales del modelo es el Sistema Lince, una plataforma de videovigilancia que procesa 144 mil horas de video diariamente y ha contribuido a la resolución de más de 650 casos, según informes oficiales de seguridad provincial.
Desde una perspectiva de gestión estratégica, el caso rosarino plantea preguntas relevantes para directivos y tomadores de decisión: ¿en qué medida la seguridad urbana es una variable de competitividad económica? ¿Cómo se construyen modelos de cooperación público-privada sostenibles en contextos de alta conflictividad? Investigaciones del Banco Mundial y del BID han documentado que la inseguridad urbana puede reducir entre 2% y 4% el PIB de ciudades latinoamericanas, afectando inversión, productividad laboral y atracción de talento. El modelo que Rosario busca sistematizar —con énfasis en reformas legislativas, uso de tecnología, intervención comunitaria y participación empresarial— apunta a convertirse en un marco replicable para otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares en la región.
