Nombramientos discrecionales en administración tributaria: el riesgo para la meritocracia fiscal
Señales de alerta se acumulan en torno a un artículo del proyecto de ley de reajuste fiscal que podría desmantelar los mecanismos de selección por mérito en la principal autoridad tributaria del país. El artículo 96 del proyecto otorgaría facultades extraordinarias al Ejecutivo para modificar el Sistema Específico de Carrera Administrativa de los empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo que en la práctica eliminaría los concursos anuales establecidos por el Decreto Ley 927 de 2023. Expertos en administración pública advierten que este tipo de modificaciones normativas, cuando se instrumentan sin contrapesos institucionales, tienden a debilitar la capacidad técnica de los organismos recaudadores y a incrementar los riesgos de captura política.
Desde la perspectiva de gobernanza fiscal, la consolidación de sistemas de carrera administrativa basados en concursos públicos ha sido identificada por organismos como la OCDE y el Banco Mundial como un factor determinante en la eficiencia recaudatoria y en la reducción de la corrupción. Países que han revertido estos esquemas hacia modelos de designación discrecional han registrado, en promedio, caídas de entre 8% y 15% en la efectividad de sus administraciones tributarias en el mediano plazo, según análisis comparativos de reforma del Estado en América Latina. La propuesta bajo análisis incluye, además, un mecanismo de rendición de cuentas diferido: la DIAN solo deberá presentar un informe un año después de ejercidas las facultades, lo que reduce significativamente la capacidad de supervisión legislativa en tiempo real.
Para los estrategas corporativos y directivos que operan en entornos de cumplimiento fiscal, el debilitamiento institucional de la autoridad tributaria no es un asunto ajeno a sus operaciones. Una administración con menor capacidad técnica y mayor permeabilidad política genera incertidumbre regulatoria, inconsistencia en criterios de fiscalización y potencial incremento en litigios tributarios. El debate ha trascendido el ámbito técnico: legisladoras de distintas bancadas han calificado la medida como regresiva en términos de equidad y transparencia, lo que anticipa un proceso legislativo con alta conflictividad. La discusión de fondo apunta a una tensión estructural en muchos sistemas fiscales latinoamericanos: la disputa entre eficiencia institucional basada en mérito y la discrecionalidad política en la gestión del Estado.
