Gasto electoral en México: anatomía del presupuesto de la autoridad comicial
Pocas instituciones del Estado mexicano concentran un volumen presupuestal tan elevado como el organismo responsable de organizar las elecciones nacionales. Entre 2023 y 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció 77 mil 630 millones de pesos de un techo autorizado de 124 mil 782 millones para el periodo 2023-2027, según datos del propio instituto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La cifra coloca al gasto electoral en el centro del debate sobre eficiencia del gasto público en México.
El desglose anual revela una brecha sistemática entre lo solicitado y lo aprobado. En 2023 se autorizaron 20 mil 221 millones frente a una solicitud de 24 mil 696 millones; en 2024, año de elección presidencial, se ejercieron 33 mil 167 millones, un 1.2% por encima del presupuesto aprobado de 32 mil 767 millones. Solo en honorarios para el proceso presidencial de 2024 se destinaron 4 mil 642 millones de pesos para cubrir a más de 85 mil personas. Para 2027, nuevo año electoral, la asignación de Hacienda asciende a 42 mil 274 millones, cifra que supera el presupuesto de la Cámara de Diputados (9 mil 913 millones), el Senado (5 mil 103 millones), el INEGI (11 mil 816 millones) y la Fiscalía General de la República (20 mil 893 millones), además de rebasar el gasto combinado de varias secretarías de Estado.
Para los estrategas de política pública y los analistas de gobernanza, el dato más relevante es la trayectoria de crecimiento: el requerimiento base del INE para 2027 representa un incremento del 32.3% respecto a 2024, tendencia que contrasta con los esfuerzos de austeridad aplicados al resto del aparato federal. Organismos como el Banco Mundial y la OCDE han señalado reiteradamente que el costo por elector en México se ubica entre los más altos de América Latina, lo que abre una discusión estructural sobre el modelo de financiamiento electoral, la escala de la burocracia comicial y los mecanismos de rendición de cuentas. En un entorno donde la confianza ciudadana en las instituciones es un activo escaso, la transparencia en el ejercicio de estos recursos se convierte en una variable estratégica para la legitimidad democrática del país.
