Desvío de fondos federales de salud en estados: riesgos del control interno deficiente
Auditorías recientes al sector salud en México exponen una problemática estructural que trasciende casos individuales: el uso irregular de fondos federales etiquetados para atención médica en el pago de obligaciones de ejercicios fiscales anteriores, sin las autorizaciones presupuestales ni la documentación justificativa requerida por la normativa vigente.
Un informe técnico sobre los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) detectó un presunto daño patrimonial que supera los 87 millones de pesos, derivado principalmente del uso de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2025) para cubrir nóminas del ejercicio fiscal 2024. Este tipo de práctica —transferir recursos de un ejercicio a otro sin autorización legal— representa una de las irregularidades más recurrentes en la fiscalización del gasto federalizado, según reportes históricos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La entidad fiscalizada obtuvo una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno, reflejo de controles administrativos débiles, cuentas bancarias no específicas y mezcla de recursos de distintos orígenes.
Más allá del caso particular, el hallazgo ilustra un patrón que el Banco Mundial y la OCDE han documentado en sistemas de salud descentralizados: cuando los mecanismos de supervisión son insuficientes, los recursos etiquetados para servicios críticos se vuelven vulnerables a reasignaciones discrecionales. En este expediente se suman diferencias no aclaradas en el Programa U013, incumplimiento en la devolución de capital no devengado a la Tesorería de la Federación y un desajuste contable sin conciliar de más de 345 millones de pesos en insumos y medicamentos coordinados con el IMSS-Bienestar. El Órgano Interno de Control ha abierto nueve expedientes de investigación para determinar responsabilidades administrativas, lo que subraya la urgencia de fortalecer los marcos de gobernanza financiera en las entidades federativas que administran gasto social de alto impacto.
