Transporte público en Morelos sube a 13 pesos: qué implica para usuarios y operadores

El ajuste tarifario, el primero desde 2021, responde a la acumulación de costos operativos y establece nuevas obligaciones de modernización para los concesionarios

Morelos formaliza un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje en las rutas que operan dentro de la entidad, según lo publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial Tierra y Libertad. El ajuste representa un aumento de tres pesos sobre la tarifa vigente de 10 pesos, que se mantenía sin cambios desde 2021.

La Coordinación General de Movilidad y Transporte sustentó la decisión en el encarecimiento acumulado de insumos críticos para la operación del servicio: combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, mantenimiento, pólizas de seguro y servicios tecnológicos. A estos factores se suman los incrementos al salario mínimo, las remuneraciones del personal operativo y administrativo, así como la inflación registrada entre 2022 y 2026. El decreto advierte que la ausencia de un ajuste habría comprometido la sostenibilidad financiera de los concesionarios y su capacidad para cumplir estándares de seguridad vial y modernización tecnológica. Cabe señalar que los transportistas habían solicitado una tarifa mínima de 15 pesos, propuesta que fue descartada tras un análisis de viabilidad social y económica que consideró el impacto sobre las familias morelenses que dependen del transporte colectivo.

Más allá del ajuste en el precio del boleto, el acuerdo establece obligaciones concretas para los operadores en materia de accesibilidad y equidad tarifaria. Los concesionarios deberán garantizar la exención total del pago para niños menores de tres años y personas con discapacidad, aplicar un descuento del 50 por ciento para adultos mayores y otorgar subsidios a estudiantes conforme a la normativa vigente. Las unidades también deberán exhibir de forma visible la tarifa autorizada y los beneficios correspondientes. Para los estrategas de movilidad urbana y los gobiernos estatales que enfrentan presiones similares, el caso de Morelos ofrece un referente sobre cómo equilibrar la viabilidad operativa del transporte concesionado con la protección del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.