Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga de 120 días se vuelve inevitable
Ante la imposibilidad operativa de desconectar más de 82 millones de líneas celulares sin registro, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días adicionales al plazo original del 30 de junio. La medida, que se anticipa será anunciada en los próximos días, evidencia la brecha entre los tiempos regulatorios y la realidad de un mercado móvil con cerca de 160 millones de líneas activas cuando se incluye el universo completo de operadores virtuales.
Hasta el 19 de junio, la CRT reportó 61 millones 422 mil 202 líneas registradas frente a las 144 millones reconocidas oficialmente como activas, lo que representa menos de la mitad del universo objetivo. El cambio de postura institucional resulta significativo: durante meses, la comisionada presidenta Norma Solano había sostenido que el plazo del 30 de junio sería definitivo, posición que también reiteró la directora general de Supervisión del Cumplimiento. Sin embargo, la evidencia acumulada sobre el avance insuficiente del padrón —que a principios de junio apenas superaba los 52 millones de líneas— hizo inviable sostener esa posición. Organismos como la GSMA habían advertido con anticipación que los tiempos planteados resultaban difíciles de cumplir en un mercado tan amplio y heterogéneo como el mexicano.
Desde el ángulo operativo, representantes del sector señalan que aunque los operadores cuentan con capacidad técnica para ejecutar el registro, una desconexión masiva e inmediata es logísticamente inviable y tendría que implementarse de forma gradual. A esto se suma una interpretación reciente de la CRT que permite considerar registradas las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados al contratar el servicio, lo que podría incorporar automáticamente más de 26 millones de líneas de los principales operadores. Paradójicamente, la propia Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contemplaba un periodo adicional de regularización de 120 días para líneas que no completaran el registro a tiempo, lo que convierte la eventual prórroga en una aplicación de la norma vigente más que en una concesión extraordinaria.
Más allá de los plazos, el debate ha escalado al plano constitucional. Expertos en derecho digital advierten que suspender líneas móviles por falta de registro podría vulnerar el derecho de acceso a las telecomunicaciones, un principio reconocido en el marco jurídico mexicano. Para los estrategas corporativos y líderes de industria, el caso ilustra un patrón recurrente en la implementación de registros de identidad digital a escala nacional: la tensión entre los objetivos de seguridad pública que motivaron la medida y la capacidad real del ecosistema para absorber cambios regulatorios de esta magnitud en ventanas de tiempo acotadas. Entorno ha documentado el seguimiento de este proceso regulatorio desde sus etapas tempranas.
