Acceso a educación superior para jóvenes en orfandad: el modelo de acompañamiento integral del Estado
Más de 100,000 beneficiarios reciben asistencia económica bimestral en Perú; la orientación educativa se consolida como eje estratégico para reducir brechas de vulnerabilidad
Inabif —Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar de Perú— está ampliando su modelo de intervención social más allá del apoyo económico directo, incorporando orientación educativa estructurada para adolescentes en situación de orfandad. La iniciativa quedó de manifiesto en una Feria Educativa, Multiservicios y de Acompañamiento al Cobro realizada en Piura, que congregó a cerca de 2,000 familias y contó con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales, así como representantes de instituciones de educación superior. El evento refleja una tendencia creciente en política social latinoamericana: la transición de programas asistenciales unidimensionales hacia esquemas de acompañamiento integral que combinan transferencias monetarias con acceso a capital humano.
Uno de los ejes centrales de la jornada fue orientar a los jóvenes próximos a cumplir 18 años sobre los mecanismos para solicitar la continuidad de la asistencia económica conforme a la Ley N.° 31405, que promueve la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Universidades, institutos y centros de formación técnica de la región instalaron módulos informativos donde los asistentes pudieron conocer requisitos de admisión, carreras disponibles y programas de becas. Este tipo de arquitectura de servicios —donde el Estado actúa como articulador entre beneficiarios y oferta educativa— representa un modelo replicable para otras regiones con altos índices de vulnerabilidad juvenil.
Actualmente, Inabif otorga la asistencia económica de forma bimestral a 100,255 beneficiarios en todo el país. Solo en la región Piura, el programa alcanza a 9,767 niñas, niños y adolescentes. Para los estrategas de política pública y los tomadores de decisiones en el sector social, estas cifras subrayan la escala del desafío: garantizar que la transición a la mayoría de edad no represente una ruptura en la trayectoria de desarrollo de poblaciones históricamente excluidas del sistema educativo superior. La apuesta institucional apunta a que el acceso a formación técnica o universitaria se convierta en el principal mecanismo de movilidad social para este segmento, reduciendo así la dependencia estructural de transferencias estatales a largo plazo.
