Representantes de organizaciones sindicales y empresariales de América Latina se reunirán en el Vaticano entre el 10 y 12 de septiembre para entregar un documento que sistematiza tres años de diálogo sobre empleo, desigualdad y negociación colectiva en la región. La iniciativa, coordinada por el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), representa un esfuerzo por posicionar la agenda laboral en espacios de influencia global.

Este encuentro constituye la tercera fase de un proceso que inició hace dos años en Bogotá y continuó en Washington. La delegación, presidida por Marta Pujadas (abogada de la UOCRA) y Daniel Funes de Rioja (ex presidente de la UIA), busca construir consensos entre empleadores, trabajadores e instituciones religiosas sobre cómo abordar la brecha de desigualdad en América. Entre los temas centrales figuran el derecho a la negociación colectiva, la creación de empleo digno y el rol del diálogo social tripartito como mecanismo de gobernanza económica. Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, ha enfatizado que el documento refleja la necesidad de encontrar caminos que permitan gestionar la riqueza y reducir la desigualdad en la región, con énfasis en el empleo como eje de estabilidad social.

La presencia de actores religiosos en estas conversaciones responde a una estrategia más amplia de legitimación de demandas laborales a través de instituciones con alcance moral global. Emilce Cuda, teóloga argentina con influencia en estructuras vaticanas, ha coordinado encuentros ecuménicos que incluyen líderes de diversas tradiciones religiosas, reforzando un enfoque inclusivo. Paralelamente, la delegación planea solicitar audiencias durante la visita prevista a Argentina, aprovechando la cercanía con representantes vaticanos. Este movimiento refleja cómo actores sindicales latinoamericanos buscan capitalizar espacios internacionales para elevar temas de empleo y distribución de ingresos a agendas de política global, en un contexto donde la volatilidad económica regional mantiene presión sobre negociaciones laborales y modelos de protección social.