Operativos de la autoridad ambiental federal han documentado un patrón recurrente de incumplimiento normativo en proyectos de extracción de materiales pétreos y remoción forestal en Durango, revelando cómo empresas continúan operando sin autorizaciones ambientales incluso después de recibir indicaciones de suspensión. Entre agosto de 2024, se ejecutaron clausuras temporales en tres proyectos que afectaban más de 48 hectáreas en los municipios de Santiago Papasquiaro y Lerdo, zonas de alto valor ecológico en bosques templados y en el cauce del río Nazas.
En Santiago Papasquiaro, inspecciones identificaron la remoción de vegetación de pino-encino en 3,800 m² sin permisos de cambio de uso de suelo forestal. Los responsables no pudieron presentar documentación que respaldara las actividades. La autoridad aseguró maquinaria pesada utilizada en la extracción, incluyendo un tractor de cadena y una excavadora. En Lerdo, una empresa fue detectada operando en el cauce y zona federal del río Nazas en una superficie inicial de 16.37 hectáreas sin documentación que respaldara el aprovechamiento de materiales pétreos. Tras recibir indicaciones previas para respetar los límites fluviales, la misma empresa continuó expandiendo sus operaciones a 32.23 hectáreas adicionales, donde sus representantes admitieron carecer de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
Este caso ilustra un desafío estructural en la gobernanza ambiental: la capacidad limitada de supervisión continua en zonas de alto riesgo y la reiteración de incumplimientos por parte de actores que operan bajo la premisa de que los costos de infracción son menores que los beneficios de la extracción no autorizada. Según reportes de organismos ambientales, la falta de coordinación entre municipios, gobiernos estatales y autoridades federales crea brechas que permiten que operaciones no autorizadas se expandan antes de ser detectadas. En este caso específico, la empresa fue clausurada en dos ocasiones en el mismo municipio, evidenciando que una clausura inicial no garantiza el cumplimiento posterior.
Procedimientos administrativos iniciados determinarán sanciones económicas y, dependiendo de la gravedad de los hechos, posibles denuncias penales. Las clausuras permanecerán vigentes mientras se resuelvan los procedimientos y se evalúen las consecuencias ambientales de las actividades detectadas. Expertos en regulación ambiental señalan que estos operativos, aunque necesarios, representan una respuesta reactiva más que preventiva, sugiriendo que sistemas de monitoreo más robustos y sanciones disuasivas más efectivas serían necesarios para modificar comportamientos en sectores extractivos de alto impacto.
