Más de tres millones de usuarios en México quedaron sin servicio de telecomunicaciones tras el cese definitivo de un programa federal de conectividad social, suspendido por falta de recursos presupuestales. La interrupción, confirmada por la paraestatal que actuaba como proveedor del servicio, pone en evidencia las limitaciones estructurales de los modelos de inclusión digital que dependen exclusivamente de asignaciones gubernamentales anuales sin mecanismos de financiamiento sostenible.
El programa ofrecía a sus beneficiarios un paquete mensual renovable por hasta doce meses que incluía navegación por internet, datos para redes sociales, minutos de voz y mensajes SMS, además de funcionalidad de hotspot. Operaba bajo un esquema de bajo costo orientado a poblaciones vulnerables. Sin embargo, la demanda superó la capacidad de financiamiento: el organismo operador canceló más de dos millones de líneas inactivas en un periodo de 90 días para liberar recursos, medida que resultó insuficiente para sostener el servicio. Las gestiones realizadas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda para obtener presupuesto adicional no fueron autorizadas, lo que derivó en la conclusión definitiva del programa.
Desde una perspectiva de política pública y estrategia empresarial, el caso ilustra un dilema recurrente en América Latina: la brecha digital no se cierra con intervenciones temporales desconectadas de modelos de negocio viables a mediano plazo. Según datos del Banco Mundial, aproximadamente 37% de la población mexicana aún carece de acceso efectivo a internet, concentrada en zonas rurales e indígenas. McKinsey Global Institute estima que cerrar la brecha de conectividad en economías emergentes podría incrementar el PIB entre 1.5% y 2% anual. Para los estrategas corporativos e inversores, la salida abrupta de un programa de esta escala abre interrogantes sobre quién ocupará ese espacio: operadores privados con modelos freemium, esquemas de asociación público-privada o nuevas concesiones orientadas a segmentos de bajos ingresos. La reactivación del programa, condicionada a futuras instrucciones y reasignación de recursos, permanece indefinida.
