Áreas de conservación en Perú: gobiernos regionales escalan respuesta ante amenazas ilegales
Catorce gobiernos regionales del Perú formalizaron un compromiso colectivo para intensificar la protección de las Áreas de Conservación Regional (ACR) frente al avance de la minería y la tala ilegales. El acuerdo, plasmado en la Declaración de Cusco al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, representa uno de los esfuerzos de coordinación intergubernamental más amplios registrados en materia ambiental en el país andino en años recientes. La señal es relevante en un contexto donde, según datos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la deforestación en territorios protegidos ha mostrado una tendencia al alza sostenida durante la última década, impulsada en parte por la expansión de economías informales extractivas.
Entre las medidas acordadas destacan la incorporación de tecnología para sistemas de alerta temprana y monitoreo en tiempo real, el desarrollo de protocolos de fiscalización conjunta con entidades competentes, y la actualización del Sistema de Información de las Áreas de Conservación Regional (SIRAC) para mejorar la transparencia en el uso de recursos. Adicionalmente, los gobiernos regionales se comprometieron a modificar los mecanismos de asignación presupuestal para garantizar el acceso a recursos del canon destinados a conservación, e identificar progresivamente las brechas financieras de cada ACR para incorporarlas en la programación multianual. Este enfoque de financiamiento diversificado —que contempla presupuesto regional, inversión pública, cooperación internacional y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)— refleja una maduración en la arquitectura institucional de la gestión ambiental subnacional.
Desde una perspectiva de gobernanza, el acuerdo aborda uno de los problemas estructurales más persistentes en la administración pública peruana: la rotación de funcionarios que interrumpe procesos de gestión de largo plazo. La declaración enfatiza explícitamente la necesidad de asegurar continuidad en jefaturas y equipos técnicos de las ACR, un reconocimiento que apunta a institucionalizar capacidades más allá de los ciclos electorales. El fortalecimiento de los comités de gestión con participación comunitaria y la articulación de los Sistemas Regionales de Conservación como espacios permanentes de planificación territorial sugieren un modelo que busca anclar la conservación en estructuras de gobernanza local, reduciendo su vulnerabilidad a los vaivenes políticos. Para estrategas e inversores con exposición a cadenas de valor vinculadas a recursos naturales en la región, este tipo de marcos normativos subnacionales constituye una señal de cambio en el entorno regulatorio que merece seguimiento.
