Videovigilancia conectada en autopistas: modelo de seguridad público-privada que escala
Fortalecer la seguridad vial mediante la integración tecnológica entre operadores privados de infraestructura y centros de mando gubernamentales es una tendencia que gana tracción en México. Un caso concreto acaba de materializarse en el Estado de México, donde el Gobierno estatal y Agil-e —a través de la administración del Circuito Exterior Mexiquense (CEM)— formalizaron un convenio que conecta en tiempo real las 185 cámaras de la autopista con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad local. El acuerdo involucra también a la Secretaría de Movilidad (SEMOV) y al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), configurando una arquitectura de gobernanza que va más allá de la simple cesión de acceso a imágenes.
Desde una perspectiva operativa, el valor del convenio radica en la calidad del activo tecnológico que se pone en red. A lo largo de los 118 kilómetros del CEM, las cámaras cuentan con visión nocturna y panorámica, inclinación y zoom de largo alcance, capacidades que permiten identificar y dar seguimiento a incidentes en tiempo real con un nivel de detalle difícilmente replicable con infraestructura pública estándar. Según datos del propio operador, esta red representa una de las más densas de la red carretera nacional. Para el C5, acceder a ese flujo de datos significa reducir los tiempos de detección de incidentes y mejorar la coordinación entre cuerpos de emergencia, dos variables directamente vinculadas a la reducción de fatalidades en carretera. El acuerdo contempla además intercambio de información, asistencia técnica, capacitación continua y evaluación periódica de resultados, elementos que distinguen a este modelo de los convenios de colaboración más superficiales.
Para estrategas e inversores en infraestructura, este esquema ilustra una dirección clara: la concesión de autopistas evoluciona hacia un modelo de plataforma de datos donde el operador privado no solo gestiona el flujo vehicular, sino que se convierte en proveedor de inteligencia situacional para el Estado. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, lo sintetizó con precisión al señalar que la tecnología alcanza su mayor potencial cuando existe coordinación entre los sectores público y privado. Esta lógica es consistente con lo que el Foro Económico Mundial ha documentado en su marco de infraestructura resiliente: la interoperabilidad de datos entre operadores privados y gobiernos es un multiplicador de capacidad pública sin necesidad de inversión adicional en hardware. El reto hacia adelante será institucionalizar estos modelos de gobernanza compartida para que escalen más allá de acuerdos bilaterales y se conviertan en estándar sectorial.
