Brecha de género en trabajos de cuidados: un freno estructural a la autonomía económica femenina
Redistribuir el trabajo de cuidados es hoy uno de los desafíos estructurales más relevantes para la equidad económica en América Latina. Según proyecciones de ONU Mujeres para 2025, las mujeres dedican a nivel global tres veces más tiempo que los hombres a labores de cuidado no remuneradas, una asimetría que se traduce directamente en menor participación laboral, menor acumulación de capital humano y mayor vulnerabilidad económica a largo plazo. A escala mundial, se estima que 708 millones de mujeres en edad laboral permanecen fuera del mercado de trabajo debido a estas responsabilidades, cifra equivalente a la población total de América Latina, mientras que la misma situación afecta apenas a uno de cada 20 hombres.
En México, la magnitud del fenómeno adquiere dimensiones macroeconómicas difíciles de ignorar para cualquier estratega corporativo o tomador de decisiones públicas. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 24% del PIB nacional, según datos de 2024, y las mujeres aportan el 72.6% de ese valor económico. En términos de tiempo, dedican cerca de 40 horas semanales a estas labores frente a poco más de 18 horas de los hombres, y tres de cada cuatro cuidadores en el país son mujeres. En el contexto regional, América Latina y el Caribe registra brechas similares: las mujeres invierten entre 22 y 43 horas semanales en cuidados, mientras los hombres destinan entre 7 y 20 horas.
Para las organizaciones, esta realidad tiene implicaciones concretas en atracción y retención de talento femenino, diseño de políticas de flexibilidad laboral y construcción de culturas corporativas más equitativas. Marcos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y diversas normativas regionales ya reconocen el derecho al cuidado —cuidar, recibir cuidados y el autocuidado— como un eje de política pública y de responsabilidad social empresarial. Iniciativas orientadas a reconocer, reducir y redistribuir la carga de cuidados entre géneros, instituciones y comunidades apuntan a ser no solo un imperativo ético, sino una palanca de productividad y competitividad en economías donde el capital humano femenino sigue siendo sistemáticamente subutilizado.
