Gasto militar versus desarrollo sostenible: el debate que redefine la seguridad global

Aumentar los presupuestos militares no es suficiente para garantizar la seguridad colectiva. Esa es la postura que defienden cada vez con mayor firmeza los organismos multilaterales de desarrollo, en un contexto global donde el gasto en defensa ha alcanzado niveles récord: según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial superó los 2.4 billones de dólares en 2024, el mayor incremento anual desde la Guerra Fría. Frente a ese escenario, voces dentro del sistema de Naciones Unidas argumentan que la financiación para el desarrollo es, en sí misma, una herramienta de estabilización geopolítica.

Esta perspectiva cobra relevancia en el marco del seguimiento a la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla (FFD4), cuyo resultado principal fue el llamado Compromiso de Sevilla, respaldado por 192 países. El acuerdo busca colocar el desarrollo sostenible en el centro de las finanzas globales y reafirmar el papel de la cooperación multilateral. Su implementación opera a través de una plataforma que agrupa más de 130 iniciativas orientadas a cerrar la brecha de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, un año después de su adopción, los especialistas advierten que los compromisos deben traducirse en acciones concretas a nivel nacional, más allá de las declaraciones diplomáticas.

Para los estrategas corporativos e inversores con exposición al Sur Global, el debate tiene implicaciones directas. La tesis de fondo es que la inestabilidad en mercados emergentes —alimentada por pobreza, falta de infraestructura y ausencia de oportunidades— genera riesgos sistémicos que afectan cadenas de suministro, flujos migratorios y condiciones de inversión. Proyectos como la electrificación rural en Mauritania, impulsados con financiamiento multilateral, demuestran que el capital de desarrollo puede crear condiciones habilitadoras para el sector privado local e internacional. Organismos como el PNUD trabajan en mecanismos de reducción de riesgo —reales y percibidos— para movilizar capital privado hacia regiones históricamente subfinanciadas, lo que abre una ventana de oportunidad para fondos de impacto, banca de desarrollo y empresas con estrategias ESG de largo plazo.