Maricultura industrial en área natural protegida enfrenta cuestionamiento legal y ambiental
Veintiún directores de centros de investigación, representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes del sector pesquero y prestadores de servicios turísticos han formalizado su preocupación ante las autoridades ambientales mexicanas por una serie de omisiones e irregularidades administrativas que, según denuncian, amenazan la integridad ecológica de la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico, ubicada en la Península de Baja California. El caso pone en el centro del debate la tensión entre el aprovechamiento económico de recursos marinos y los marcos jurídicos que regulan las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México.
En el documento presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los firmantes denuncian que tanto esa dependencia como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) habrían validado un esquema de maricultura industrial que abarca más de 450 hectáreas destinadas a la engorda de atún aleta azul dentro del ANP, sin contar con una evaluación de impacto ambiental actualizada, como lo exige el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Adicionalmente, señalan que se ignoró el régimen de protección establecido por el Decreto Presidencial de 2016 y que no se consultó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La situación se habría agravado con una transferencia de derechos considerada irregular tras la quiebra de la empresa originalmente concesionaria, cuando las autoridades, en lugar de anular las autorizaciones y exigir la remediación del sitio, habrían aprobado el cambio de titularidad a favor de una nueva empresa, ignorando la caducidad de los derechos originales y un procedimiento administrativo en curso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Desde una perspectiva de política pública y gobernanza ambiental, el caso ilustra un patrón que organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han identificado en economías emergentes: la presión que ejercen actividades de acuacultura industrial sobre ecosistemas costeros e insulares de alto valor ecológico, especialmente cuando los marcos regulatorios presentan vacíos o son aplicados de forma inconsistente. Entre las afectaciones documentadas se encuentran la degradación del ecosistema insular, pérdida de servicios ambientales, daños a la biodiversidad marina y el desplazamiento de actividades pesqueras y recreativas locales, además de la presunta introducción de lobina rayada, una especie exótica invasora. Organizaciones como el Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C. (GECI), el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California respaldan el llamado a una revisión integral del caso, enmarcándolo en la necesidad de fortalecer el estado de derecho ambiental y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido tanto en la Constitución mexicana como en instrumentos internacionales.
