Extranjeros detenidos indefinidamente en Australia podrían recibir millones de dólares en compensación tras la derrota del gobierno en la Corte Suprema

Millones de dólares en compensación podrían ser pagados a más de 350 extranjeros detenidos ilegalmente en detención indefinida después de que la Corte Suprema falló en contra del gobierno australiano.

La sentencia representa otro golpe para el gobierno de Albanese después de que su requisito de que los miembros liberados de la cohorte NZYQ usaran pulseras de monitoreo electrónico y cumplieran toques de queda fue declarado inconstitucional a principios de este año.

Abogados de derechos humanos y grupos de defensa de refugiados han elogiado la decisión "previsible" como un "resultado significativo".

El miércoles, el pleno de la Corte Suprema falló unánimemente en contra del intento del gobierno federal de defenderse contra una demanda por daños presentada por un ciudadano austriaco, Safwat Abdel-Hady, allanando el camino para potencialmente cientos de casos más.

Abdel-Hady fue detenido ilegalmente en detención migratoria durante un período de 18 meses entre el 28 de julio de 2022 y el 13 de febrero de 2024 porque no había "perspectiva real" de su deportación debido a sus condiciones de salud, según determinó la Corte de Circuito Federal en junio de 2024.

Los abogados del empresario argumentaron que no debería haber sido detenido por las autoridades utilizando el precedente establecido en el caso de la Corte Suprema de 2004, Al-Kateb, que autorizaba la detención indefinida de extranjeros sin visa válida incluso en circunstancias donde era imposible deportarlos.

La sentencia fue anulada en una decisión histórica en noviembre de 2023, presentada por un hombre rohingya apátrida, conocido como NZYQ, lo que desencadenó la liberación de cientos de extranjeros que no podían ser expulsados de Australia porque eran refugiados o apátridas.

La Commonwealth intentó defenderse contra las demandas por daños de Abdel-Hady utilizando una defensa de derecho consuetudinario, argumentando que estaba siguiendo el precedente establecido por la Corte Suprema en la sentencia Al-Kateb de 2004.

Los siete magistrados de la Corte Suprema fallaron en contra de la Commonwealth, con la Justicia Michelle Gordon diciendo que "socavaría significativamente la capacidad de una persona de obtener reparación cuando el ejecutivo excede su autoridad".

"Esa puerta debe permanecer cerrada", dijo Gordon.

Un portavoz del gobierno declaró: "La Commonwealth toma nota de la decisión de la Corte Suprema y está considerando cuidadosamente la sentencia y sus implicaciones".

Greg Barns SC, portavoz de la Alianza Australiana de Abogados, dijo que estimaba que el costo del caso podría "llegar a decenas de millones de dólares".

"Anteriormente, en 2017, el gobierno de la Commonwealth acordó pagar $70 millones (más costos) para resolver una demanda colectiva que involucraba a detenidos en la Isla Manus. También ha habido, después del incidente de Tampa en 2001, numerosas demandas presentadas por solicitantes de asilo individuales por daño mental y físico, teniendo la Commonwealth que pagar compensación", dijo.

"Esta es otra razón por la que la detención obligatoria debe cesar inmediatamente".

La Directora Ejecutiva Adjunta del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo, Jana Favero, dijo que los defensores siempre habían insistido en que la detención indefinida era "dañina" y "tiene un costo en la salud de las personas, su salud mental, y su bienestar".