Ciudadanos extranjeros detenidos indefinidamente en Australia podrían recibir millones de dólares en compensación tras la derrota del gobierno en la Corte Suprema
Millones de dólares en compensación podrían ser pagados a más de 350 extranjeros detenidos ilegalmente de forma indefinida después de que la Corte Suprema fallara en contra del gobierno australiano.
El fallo representa otro golpe para el gobierno de Albanese después de que su requisito de que los miembros liberados de la cohorte NZYQ usaran brazaletes de monitoreo en los tobillos y cumplieran con toques de queda fuera declarado inconstitucional a principios de este año.
Abogados de derechos humanos y grupos de defensa de refugiados han elogiado la decisión "previsible" como un "resultado significativo".
El miércoles, la sala plena de la Corte Suprema falló unánimemente en contra del intento del gobierno federal de defenderse de una demanda por daños presentada por un ciudadano austriaco, Safwat Abdel-Hady, allanando el camino para potencialmente cientos de casos más.
Abdel-Hady fue detenido ilegalmente en detención migratoria durante un período de 18 meses entre el 28 de julio de 2022 y el 13 de febrero de 2024 porque no había "perspectiva real" de su deportación debido a sus condiciones de salud, según determinó la corte de circuito federal en junio de 2024.
Los abogados del empresario argumentaron que no debería haber sido detenido por las autoridades utilizando el precedente establecido en el caso de la Corte Suprema de 2004 Al-Kateb, que autorizaba la detención indefinida de extranjeros sin visa válida incluso en circunstancias donde es imposible deportarlos.
El fallo fue revocado en una decisión histórica en noviembre de 2023, presentada por un hombre rohingya apátrida, conocido como NZYQ, lo que provocó la liberación de cientos de extranjeros que no podían ser removidos de Australia porque eran refugiados o apátridas.
La mancomunidad intentó defenderse de los reclamos de daños de Abdel-Hady utilizando una defensa de derecho consuetudinario, argumentando que estaba siguiendo el precedente establecido por la Corte Suprema en el fallo de 2004 Al-Kateb.
Los siete jueces de la Corte Suprema fallaron en contra de la mancomunidad, con la Jueza Michelle Gordon diciendo que "socavaría significativamente la capacidad de una persona para obtener reparación cuando el ejecutivo excede su autoridad".
"Esa puerta debe permanecer cerrada", dijo Gordon.
Un vocero del gobierno señaló: "La Mancomunidad toma nota de la decisión de la Corte Suprema y está considerando cuidadosamente el fallo y sus implicaciones".
Greg Barns SC, vocero de la Alianza de Abogados Australianos, estimó que la factura del caso podría "alcanzar decenas de millones de dólares".
"Anteriormente, en 2017, el gobierno de la Mancomunidad acordó pagar $70 millones (más costos) para resolver una demanda colectiva que involucraba a detenidos en la Isla Manus. También ha habido, después del incidente de Tampa en 2001, numerosos reclamos presentados por solicitantes de asilo individuales por daño mental y físico, con la Mancomunidad teniendo que pagar compensación", dijo.
"Esta es otra razón por la que la detención obligatoria debe cesar inmediatamente".
La subdirectora ejecutiva del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo, Jana Favero, dijo que los defensores siempre han insistido en que la detención indefinida es "dañina" y "tiene un costo en la salud de las personas, su salud mental, y su bienestar".
