Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga de 120 días se vuelve inevitable
Ante el avance insuficiente del padrón de registro celular en México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días adicionales al plazo original del 30 de junio. La medida responde a una realidad contundente: al 19 de junio, solo 61.4 millones de líneas habían completado el proceso de vinculación, frente a las 144 millones de líneas activas reconocidas por la autoridad —y posiblemente hasta 160 millones si se consideran los operadores móviles virtuales—, lo que deja más de 82 millones de números en riesgo de suspensión.
El cambio de postura institucional es significativo. Durante meses, la CRT sostuvo que el plazo del 30 de junio sería definitivo: en abril, la comisionada presidenta Norma Solano lo reafirmó públicamente, y la directora general de Supervisión del Cumplimiento reiteró que las líneas no registradas serían suspendidas de forma temporal. Sin embargo, la brecha entre la meta y los registros efectivos hizo insostenible esa posición. Organismos como la GSMA habían advertido con anticipación que los tiempos planteados resultaban difíciles de cumplir en un mercado tan amplio y heterogéneo como el mexicano. Representantes del sector también señalaron que, aunque los operadores tienen capacidad técnica para ejecutar desconexiones, una suspensión masiva e inmediata sería operativamente inviable y tendría que implementarse de forma gradual.
Desde una perspectiva regulatoria, la ampliación no es del todo excepcional: la propia Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de regularización de 120 días para líneas que no completen el registro a tiempo. A esto se suma una interpretación reciente de la CRT que permitiría considerar automáticamente registradas las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados durante la contratación —una medida que podría incorporar más de 26 millones de líneas de los principales operadores del país—. No obstante, el debate trasciende lo operativo: expertos constitucionalistas advierten que suspender líneas móviles por falta de registro podría vulnerar el derecho de acceso a las telecomunicaciones, lo que añade una capa de complejidad jurídica a una política pública que, en su implementación, ha mostrado las tensiones propias de regular un mercado masivo bajo plazos acotados. Para los estrategas del sector, este episodio ilustra un patrón recurrente en la regulación tecnológica latinoamericana: la distancia entre el diseño normativo y la capacidad de ejecución en mercados de alta penetración y baja formalización.
