Tribunales argentinos han establecido un precedente relevante en materia de derechos patrimoniales tras la ruptura de convivencias prolongadas. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó una compensación económica de 172 millones de pesos para una mujer que convivió más de 18 años con su pareja, ordenando el pago en doce cuotas. La resolución, analizada por Entorno, ilustra cómo los sistemas jurídicos latinoamericanos avanzan hacia un reconocimiento más estructurado de los desequilibrios económicos que genera la vida en común y su posterior disolución.
El caso tuvo su origen en una demanda donde la reclamante argumentó que la convivencia había limitado su desarrollo profesional y generado una brecha patrimonial respecto a su expareja. En primera instancia, el tribunal había fijado el monto en 260.5 millones de pesos con actualización periódica, cifra que fue revisada en apelación. El demandado sostuvo que la mujer mantenía actividad laboral, vivienda propia y cobertura médica, por lo que cuestionó tanto la existencia del desequilibrio como la magnitud del monto. La reclamante, por su parte, objetó la conversión de su reclamo original en dólares a pesos y solicitó un pago único indexado al valor del dólar MEP. La Cámara, al revisar pruebas testimoniales y documentales, determinó que sí existía una brecha patrimonial verificable y que las limitaciones en la reinserción laboral de la reclamante eran consecuencia directa de la dinámica de la convivencia.
Desde una perspectiva jurídica y de negocios, este tipo de fallos tiene implicaciones que trascienden el ámbito doméstico. El Código Civil y Comercial argentino establece que la compensación económica procede cuando se acreditan tres elementos: el fin de la convivencia, un desequilibrio económico manifiesto y una relación causal entre ese deterioro y la vida en común. Este estándar probatorio, cada vez más consolidado en la jurisprudencia regional, obliga a considerar el impacto económico de las relaciones de pareja con la misma rigurosidad que se analiza cualquier otro contrato de largo plazo. Para directivos y asesores legales corporativos en México, donde figuras similares comienzan a ganar terreno en los tribunales de familia, comprender la evolución de estos precedentes resulta estratégico tanto en la gestión patrimonial personal como en el diseño de políticas de beneficios y protección para colaboradores.
