Desde abril de 2027, las empresas colombianas deberán operar bajo un esquema completamente distinto para la administración de aportes a seguridad social, especialmente en lo que respecta a contratistas y trabajadores independientes. La Ley 2381 de 2024 establece cambios estructurales que afectarán los procesos de nómina, contratación y pago de aportes, y cuya implementación —según la Corte Constitucional— inicia en esa fecha tras declarar exequibles la mayoría de sus disposiciones. Un conjunto específico de normas deberá ser revisado por la Cámara de Representantes en un plazo de 30 días hábiles para subsanar su trámite legislativo.
Uno de los cambios más relevantes para el tejido empresarial es la modificación en el mecanismo de cotización de los contratistas de prestación de servicios. Bajo el nuevo modelo, será el contratante —y no el trabajador independiente— quien deba descontar de los honorarios el monto correspondiente a la cotización y realizar el pago al sistema. Esto obliga a las compañías a integrar este procedimiento en sus circuitos internos de pago: calcular el descuento, aplicarlo sobre los honorarios pactados y completar la transferencia al sistema dentro de sus propios procesos administrativos. Para organizaciones con una alta proporción de contratistas, el impacto operativo será considerable. Entorno, plataforma especializada en gestión de nómina y seguridad social, ha señalado que este tipo de ajustes requiere una revisión profunda de contratos, parametrizaciones de nómina y flujos de aprobación de pagos.
Otro eje crítico de la reforma es la coexistencia de dos regímenes pensionales dentro de una misma empresa. La norma establece que las mujeres con 750 semanas o más cotizadas y los hombres con 900 semanas o más podrán acogerse al régimen de transición, mientras que los demás afiliados ingresarán al nuevo esquema. Esto significa que las áreas de recursos humanos, nómina y seguridad social deberán mantener información actualizada y diferenciada por trabajador —semanas cotizadas, ingresos, condiciones contractuales— para garantizar el cumplimiento normativo. María Camila Ortiz, gerente de Servicios Legales de KPMG Law en Colombia, advirtió que aunque abril de 2027 pueda parecer lejano, 'la revisión de la población de trabajadores, la validación de información, el ajuste de parametrizaciones de nómina y la preparación de los procesos de aportes requieren tiempo'. Para los líderes empresariales, el mensaje es claro: la ventana de preparación es más corta de lo que aparenta, y quienes inicien la adecuación con anticipación tendrán una ventaja operativa y de cumplimiento significativa frente a quienes esperen a las semanas previas a la entrada en vigor.
