Extinción de dominio en el sector moda: cuando las marcas ocultan economías ilícitas
Cuarenta y cinco inmuebles con un valor estimado superior a los 184.615 millones de pesos colombianos fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación por extinción de dominio contra una empresa del sector de moda femenina. El caso ilustra un patrón que las autoridades de varios países latinoamericanos han identificado con creciente frecuencia: el uso de estructuras comerciales legítimas del sector textil y retail como fachada para el ingreso de capitales de origen ilegal y mercancía de contrabando.
Las propiedades intervenidas —17 predios rurales y 28 urbanos distribuidos en Bogotá y seis departamentos, incluyendo Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca— fueron incorporadas a las medidas cautelares por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. La intervención, ejecutada con apoyo del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, contempla la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes. Desde una perspectiva jurídica, estas acciones son herramientas preventivas: los arrendatarios que operan en los inmuebles mantienen sus obligaciones contractuales hasta que exista una decisión judicial definitiva, lo que evidencia la complejidad operativa que enfrentan las autoridades al intervenir activos integrados en cadenas comerciales activas.
Para los estrategas corporativos y líderes del sector retail en México y Latinoamérica, este caso plantea señales de alerta relevantes. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el sector de comercio minorista de moda figura entre los canales de mayor vulnerabilidad para el lavado de activos en economías emergentes, debido a la alta rotación de inventario, la opacidad en cadenas de suministro y la dificultad para rastrear el origen de mercancías. La presión regulatoria sobre debida diligencia, cumplimiento antilavado y trazabilidad de proveedores seguirá escalando en la región, convirtiendo el compliance no en un costo operativo, sino en una condición de permanencia en el mercado.
